Durante el proceso migratorio, la población se enfrenta a barreras para el acceso a los servicios de salud, así como, al acceso insuficiente e inequitativo a los mismos; para el caso de las mujeres migrantes, estos factores generan un impacto significativo tanto en salud sexual y reproductiva como en salud materna.¹

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS, la población migrante, se expone a mayores riesgos en salud sexual y reproductiva. En este sentido, la mujer que migra tiene una mayor vulnerabilidad frente a situaciones de violencia sexual y de género, enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados, embarazos tempranos (entre 10-14 años), abortos inseguros, morbilidad materna extrema y mortalidad materna.²

Para garantizar el acceso se requieren recursos, así como la eliminación de barreras de acceso para la población migrante, se requieren estrategias de comunicación para confrontar la desinformación acerca de la salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, es necesario reconocer que, aunque las necesidades en salud sexual y reproductiva varían ampliamente, estas son específicas y se incrementan debido a las condiciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis migratoria, además de la discriminación experimentada por sus otras identidades antes de ser migrantes.²

Se han documentado las siguientes necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva de la población migrante³:

• Acceso a servicios de planificación
• Prevención de infecciones de transmisión sexual
• Educación integral para la sexualidad
• Servicios de aborto seguro y de atención post-aborto
• Prevención de embarazo adolescente
• Acceso a servicios de salud materno-infantil
• Atención integral de la violencia sexual
• Acceso efectivo en salud sexual y reproductiva para migrantes
• Atención y tratamiento del VIH

En conclusión, el acceso a servicios básicos de salud sexual, salud reproductiva y materno infantil puede tener un efecto transformador no solo en la vida de los migrantes, sino también en sus familias y en los indicadores de salud y desarrollo de las áreas receptoras. Es importante reconocer que la atención en salud sexual y salud reproductiva en situaciones de emergencias y crisis humanitaria deberá ser continua, esencial y sin ningún tipo de barreras.³

Las comunidades indígenas presentan grandes problemáticas entorno a los determinantes sociales, resultando de ello la pobreza, analfabetismo, desnutrición y su situación de salud donde se ha evidenciado una existente desigualdad al acceso de los servicios de salud, incrementando su vulnerabilidad y el desarrollo de enfermedades potencialmente mortales para este grupo poblacional. Estas inequidades y brechas de desigualdad se originan en las estructuras políticas y socioeconómicas de las sociedades que determinan las condiciones de vida y de trabajo de las personas. Se ha documentado que el lugar de residencia de las comunidades étnicas se ubica en zonas rurales o periféricas de las ciudades, de difícil acceso y oferta de servicios de salud limitada.¹

Abordar la educación sexual en contextos indígenas exige acercarse a sus particularidades sociales y culturales, e identificar las diversas situaciones que hacen parte de sus realidades, de las formas de relación y vinculaciones afectivas, sexuales, familiares y comunitarias que se tejen al interior de los varones y mujeres; implica reconocer su cultura, su cosmovisión, y a partir de allí, proyectar construcciones colectivas y compartidas, que permitan aproximarse a su vida, a su cotidianidad, a sus diferentes circunstancias, aspectos que inciden en las configuraciones de su sexualidad y sus modos de vida.²

Es necesario promover y garantizar los derechos sexuales y reproductivos en contextos pluriétnicos, a fin de generar las condiciones necesarias donde las personas y parejas puedan ejercerlos de acuerdo con el significado cultural respecto a las relaciones sexuales, la concepción, la gestación, el embarazo, el parto, la infertilidad, el aborto, entre otros.