Durante los últimos años, Colombia se ha enfrentado a una oleada migratoria sin precedentes. Esto ha implicado una serie de retos inéditos, que exigen el análisis de las características de la población migrante, las condiciones a las que se enfrentan y las necesidades de atención.¹ 

Si bien la migración puede contribuir a una mayor autonomía económica de las mujeres, se ha reportado que los migrantes se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad diferenciales, a razón de dinámicas de género que las exponen a circunstancias de precariedad laboral, violencia y discriminación. Además, el estatus de irregularidad dificulta el acceso a los servicios de salud, comprometiendo, entre otros aspectos, los derechos sexuales y reproductivos. Esto se refleja en el número de embarazos no planeados entre la población migrante, que puede tener repercusiones no solo en sus condiciones de salud, sino también en las condiciones laborales y los proyectos de vida.^2,3 

Las barreras de acceso a servicios e información en salud sexual y reproductiva afectan a las mujeres migrantes. Los cambios en los estilos de vida, incluyendo las prácticas sexuales, las dificultades de acceso a los servicios de salud y las carencias socioeconómicas exponen a las mujeres migrantes, en particular a aquellas en situación de irregularidad, a embarazos no deseados.⁴ 

Los embarazos no deseados pueden derivar en abortos inseguros, aumento de la mortalidad y morbilidad materna, y empeoramiento de la salud mental de la madre. Asimismo, se ha demostrado que los hijos de embarazos no deseados, por el padre o la madre, tienen riesgos más altos de morbilidad, desnutrición y abuso infantil.⁴ 

El acceso a métodos anticonceptivos es una necesidad prioritaria de la población migrante. Atender esta necesidad debe ser una oportunidad para fortalecer la atención en salud sexual y reproductiva de toda la población, con miras a garantizar los derechos de las mujeres y sus parejas a no tener hijos, a tener hijos en el momento en el que consideran apropiado ya. tenerlos en condiciones seguras.⁴ 

El acceso a los servicios de salud en los usuarios es un tema que preocupa a nivel mundial, desde ya hace varios años atrás, y es una de las funciones principales de la Salud Pública prescrita por dos organizaciones que velan por la salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud el año 2005.¹ 

Según la OMS (2005), el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se ven influenciados por factores socioculturales como: los usuarios jóvenes no acuden a un establecimiento de salud para recibir una atención por el temor de ser vistos que acudieron a dicho servicio, ellos sienten que el personal de salud los juzgue por su conducta sexual, y que la información que ellos brindan sean compartidos con los padres u otros integrantes de la sociedad. Una de las principales barreras de acceso de los usuarios al servicio de salud sexual y reproductiva es la falta de confidencialidad y la intimidad en la atención.¹ 

La mayoría de los países de América Latina han logrado mejorar la cobertura de servicios de salud materna, infantil, sexual y reproductiva en las últimas dos décadas. Así, la Organización Mundial de la Salud estima que la cobertura de servicios trazadores de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil para la Región de las Américas es de 81,3%, algunos puntos por encima del promedio mundial de 74,0%. Sin embargo, estos indicadores son heterogéneos, y las mujeres, los niños y las niñas en condiciones de vulnerabilidad aún sufren malas condiciones de acceso y estado de salud.² 

Para lograr el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos es necesaria la implementación de estrategias que le permitan a la población conocer sus derechos sexuales y reproductivos, y que les muestre de manera cercana y amable que pueden ejercer su autonomía reproductiva sin obstáculos 

Durante el proceso migratorio, la población se enfrenta a barreras para el acceso a los servicios de salud, así como, al acceso insuficiente e inequitativo a los mismos; para el caso de las mujeres migrantes, estos factores generan un impacto significativo tanto en salud sexual y reproductiva como en salud materna.¹

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS, la población migrante, se expone a mayores riesgos en salud sexual y reproductiva. En este sentido, la mujer que migra tiene una mayor vulnerabilidad frente a situaciones de violencia sexual y de género, enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados, embarazos tempranos (entre 10-14 años), abortos inseguros, morbilidad materna extrema y mortalidad materna.²

Para garantizar el acceso se requieren recursos, así como la eliminación de barreras de acceso para la población migrante, se requieren estrategias de comunicación para confrontar la desinformación acerca de la salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, es necesario reconocer que, aunque las necesidades en salud sexual y reproductiva varían ampliamente, estas son específicas y se incrementan debido a las condiciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis migratoria, además de la discriminación experimentada por sus otras identidades antes de ser migrantes.²

Se han documentado las siguientes necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva de la población migrante³:

• Acceso a servicios de planificación
• Prevención de infecciones de transmisión sexual
• Educación integral para la sexualidad
• Servicios de aborto seguro y de atención post-aborto
• Prevención de embarazo adolescente
• Acceso a servicios de salud materno-infantil
• Atención integral de la violencia sexual
• Acceso efectivo en salud sexual y reproductiva para migrantes
• Atención y tratamiento del VIH

En conclusión, el acceso a servicios básicos de salud sexual, salud reproductiva y materno infantil puede tener un efecto transformador no solo en la vida de los migrantes, sino también en sus familias y en los indicadores de salud y desarrollo de las áreas receptoras. Es importante reconocer que la atención en salud sexual y salud reproductiva en situaciones de emergencias y crisis humanitaria deberá ser continua, esencial y sin ningún tipo de barreras.³

Los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, conocidos como LARC por sus siglas en inglés “Long-Acting Reversible Contraceptive”, se definen como anticonceptivos que requieren ser administrados menos de una vez por ciclo, manteniendo el efecto anticonceptivo durante más de dos ciclos ovulatorios.¹

Según esta definición se pueden incluir entre ellos los dispositivos intrauterinos (DIU), los implantes subdérmicos (IS) y el inyectable de acetato medroxiprogesterona de depósito. La principal característica de los métodos LARC es su elevada eficacia a largo plazo para la prevención de embarazos, similar a la esterilización, que no depende del cumplimiento o del uso correcto o ideal por parte de la usuaria; y, con la ventaja de la reversibilidad, con retorno rápido a la fertilidad tras su retirada y con un buen perfil de seguridad.²

La planificación familiar es fundamental para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y es un factor clave para reducir la pobreza. Sin embargo, unos 218 millones de mujeres que quieren utilizar métodos de planificación familiar seguros y eficaces no pueden hacerlo porque carecen de acceso a la información, los servicios o el apoyo de sus parejas o comunidades. Esto amenaza su posibilidad de crear un mejor futuro para ellas mismas, para sus familias y sus comunidades.³

Ahora bien, en la población rural, se debe considerar que la elección de métodos anticonceptivos es un tema de gran relación por la prevalencia de embarazos no deseados, gran multiparidad y muertes maternas, por lo que es muy relevante para la salud pública, por tanto, los administradores de los servicios de salud deben mejorar las estrategias de intervención en salud y sobre todo plantear tácticas a nivel de la atención primaria específicamente en salud sexual y reproductiva.⁴

Finalmente, se recomienda implementar programas de capacitación en planificación familiar con enfoque integral direccionado a la promoción y educación de los métodos anticonceptivos y la sexualidad responsable a través de dinámicas de enseñanza enfocadas a trabajar en la comunidad según sus condiciones socioculturales.

Las comunidades indígenas presentan grandes problemáticas entorno a los determinantes sociales, resultando de ello la pobreza, analfabetismo, desnutrición y su situación de salud donde se ha evidenciado una existente desigualdad al acceso de los servicios de salud, incrementando su vulnerabilidad y el desarrollo de enfermedades potencialmente mortales para este grupo poblacional. Estas inequidades y brechas de desigualdad se originan en las estructuras políticas y socioeconómicas de las sociedades que determinan las condiciones de vida y de trabajo de las personas. Se ha documentado que el lugar de residencia de las comunidades étnicas se ubica en zonas rurales o periféricas de las ciudades, de difícil acceso y oferta de servicios de salud limitada.¹

Abordar la educación sexual en contextos indígenas exige acercarse a sus particularidades sociales y culturales, e identificar las diversas situaciones que hacen parte de sus realidades, de las formas de relación y vinculaciones afectivas, sexuales, familiares y comunitarias que se tejen al interior de los varones y mujeres; implica reconocer su cultura, su cosmovisión, y a partir de allí, proyectar construcciones colectivas y compartidas, que permitan aproximarse a su vida, a su cotidianidad, a sus diferentes circunstancias, aspectos que inciden en las configuraciones de su sexualidad y sus modos de vida.²

Es necesario promover y garantizar los derechos sexuales y reproductivos en contextos pluriétnicos, a fin de generar las condiciones necesarias donde las personas y parejas puedan ejercerlos de acuerdo con el significado cultural respecto a las relaciones sexuales, la concepción, la gestación, el embarazo, el parto, la infertilidad, el aborto, entre otros.